El líder de Ciudadanos, ha acusado al presidente de la Generalitat de Catalunya, de estar montando una "Agencia Nacional de Seguridad sin tener competencias y con el dinero de todos los ciudadanos". Como prueba, Rivera ha mostrado un informe atribuído al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) en el que se incluye una "hoja de ruta" que aboga por contactar con el Mossad y destinar más de 11 millones en una primera fase del "despliegue", 28 en una segunda y asignar unos 300 agentes de los Mossos d'Esquadra a la nueva agencia de espionaje.
En el documento, consta un desglose de los "próximos pasos" en el que se puede leer: "Entrar en contacto con los servicios de Inteligencia de Israel para conocer la organización de su agencia de 'Ciberseguridad'. La Etrzaintza tiene buenos contactos con empresas y mundo gubernamental israelí", así como "entrar en contacto con el 'Massachussetts Advanced Ciber Security Center con el objetivo de conocer su funcionamiento, organización y actividades; y plantear un posible marco de colaboración".
Los papeles del Cesicat llegan al extremo de comparar el coste y personal de agencias como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la NSA norteamericana o el Servicio Secreto Británico. En concreto, aseguran que el CNI dispone de un presupuesto de 225 millones de euros y cuenta con 600 miembros.
Según estos cálculos, la NSA destinaría más de 2.500 millones de euros y contaría con un número aproximado de 30 mil agentes. Y se llega a calcular incluso el gasto por habitante de este tipo de servicios, siendo en España de 4,7 euros por habitante y año y en Estados Unidos de 8,75. En el caso catalán, el informe detalla que el coste del servicio "català" de espías sería de 3,86 euros por habitante, con un número de empleados de 306,69.
Los redactores del texto concluyen proponiendo una "prueba piloto" cuyo objetivo es "dotar al personal VIP dela Generalitat de las tecnologías y formación para disponer de comunicación segura entre los altos cargos, garantizando en todo momento la disponibilidad y confidencialidad de sus comunicaciones". Se plantea en el informe la adquisición de "móviles inteligentes", unos aparatos que pueden ser accionados para grabar imágenes y archivos a distancia y sin conocimiento del usuario de la terminal.
El presidente de Ciudadanos ha acusado al dela Generalitat de mentir ante el Parlamento al haber negado en anteriores ocasiones que la administración autonómica estuviera preparando unos servicios de este tipo y ha pedido su dimisión, y la de los consejeros de Interior, el de Justicia, o el de Empresas y Ocupació.
Los redactores del texto concluyen proponiendo una "prueba piloto" cuyo objetivo es "dotar al personal VIP de
El presidente de Ciudadanos ha acusado al de
Artur Mas ha dicho que desconoce la existencia de dicho informe y ha advertido a Rivera de que podría tratarse de un "documento del CNI". Según Mas, la agencia española estaría detrás de la documentación que implica a la familia de Pujol y a él mismo con cuentas suizas y también estaría detrás de la elaboración de informes falsos para perjudicar el proceso soberanista.
Los socialistas han explicado que ellos ya han denunciado el caso y presentado en
El universo orwelliano en versión Cataluña.
En la lista de deseos del soberanismo para el futuro Estado catalán se encuentra llegar a contar con un documento de identidad exclusivamente catalán con el que los ciudadanos se puedan dirigir a la administración, realizar cualquier trámite ante la Seguridad Social o la sanidad pública propias y utilizarlo para ejercer el derecho a voto. Una aspiración a la que el Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat) no sólo habría dado forma en otro estudio atribuido al ente al que ha tenido acceso este diario, sino que habría ido más allá, elaborando lo que podría ser el embrión de una nueva y total base de datos de ciudadanos.
El informe, titulado «Diseño e implantación de la Tarjeta Ciudadana y de la Base de Datos Central de Ciudadanos» y que consta de 27 páginas, desgrana cómo se llevaría a cabo la unificación no solo de todos los datos públicos de los catalanes (desde su historial médico hasta los datos que gestionan los diversos Departaments de la Generalitat ) sino también la posibilidad de incluir información privada como datos bancarios o fiscales. De esta forma se permitiría a la administración tener acceso a toda la información de los ciudadanos a través de una misma tarjeta con la que se realizarían tanto trámites públicos como una visita médica y pagos en comercios.
Según el proyecto, la tarjeta única se basaría en la información procedente de una nueva base de datos que se nutriría de archivos de los ciudadanos procedentes de todos los organismos públicos: desde el padrón municipal hasta el Institut Català de la Salut (ICS), pasando por los departamentos de Ensenyament, Benestar Social i Familia, Economia i Coneixement o el de Empresa i Ocupació.
La magnitud del proyecto de la base de datos sería tal que en sus conclusiones los autores de éste advierten sobre «el impacto» que podría tener en la opinión pública al poder vincularse el futuro sistema de datos «al fenómeno Big Brother (GranHermano)».
En todo caso, no se trataría de un proyecto inédito en el seno del Govern. Tal y como recoge el mismo informe, sin fechar y con múltiples errores tipográficos.
En 2006 el Departament de Presidència de la Generalitat «lideró el proyecto de Base de Datos de Ciudadanos». Sin embargo, éste se cerró con problemas debido a la falta de impulso por parte del Govern y la falta de un entorno legislativo, normativo y jurídico que permitiera su creación. Así, el informe de Cesicat sería un nuevo impulso a un proyecto que se dio por enterrado y cuya aplicación elevaría el coste estimado hasta los 922.000 euros.
La Tarjeta Ciudadana que se pondría en manos de los catalanes, según se concreta, sería «multipropósito».
El
informe asegura que serviría «como
Identificador de los Ciudadanos Catalanes»,
permitiéndoles «operar
con la e-Administración»,
así como llegar a «ejercer
su derecho a voto»
en unas eventuales elecciones, algo que actualmente sólo es posible
con el DNI español. Además, contaría con todo un listado de
aplicaciones tecnológicas, entre ellas «un
chip inteligente para autentificar y cifrar»
y poder realizar así «transacciones
bancarias».
Asimismo, el sistema tendría capacidad para «foto» -sin que se
especifique cómo se aplicaría- o como «memoria».También
contaría con «radiofrecuencia
por proximidad»,
una tecnología conocida como RFID y que permite recibir señales de
un objeto de forma remota.
Los
responsables del estudio, de hecho, no escatiman a la hora de añadir
posibles utilidades de la futura identidad única. Desde la
«integración
con el móvil»
para
realizar «micropagos»
a través de las compañías telefónicas a los habituales trámites
a través de la propia
historia clínica y la administración.
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