9/11/11

Derecho de Amparo

En el año 445 a.C. los patricios romanos promulgaron el primer derecho de amparo hoy todavía vigente y conocido como ley de la Patria Potestad. Una ley que otorga sólo a los menores de edad la garantía a tener ropa, cama i alimento asegurado a través de los padres, tutores o familiares directos. Pero ¿ha pensado que pasaría si el derecho de amparo romano no se terminara a los dieciocho años?
Para conocer una sociedad sana, libre y civilizada, sin imposiciones, obligaciones ni influencias poderosas como el dinero, necesitamos un derecho de amparo completo, permanente e imperecedero. Un derecho de amparo básico, actualizado y moderno, hecho a medida de toda la ciudadanía en general y no sólo para una única parte de ella. 
Evidentemente la sabia naturaleza no ha creado al ser humano con la capacidad común para desarrollar una vida laboral para vivir, pues de ser así, nuestro limitado planeta no podría albergarnos. Pero hoy, en un planeta ocupado y desarrollado, es hora de reconocer los frutos positivos que tanto para nosotros como para el planeta, un derecho de amparo vitalicio, más justo y más humano, podría reportarnos como ciudadanos. 
En primer lugar, obtener la herramienta necesaria capaz de regular los niveles demográficos para el futuro venidero. En segundo, resolver los graves problemas medioambientales causados por nuestro sistema de consumo, materialista y capitalista. Como tercer punto, descubrir los frutos de una libertad inédita, todavía desconocida, donde cada ciudadano pudiera vivir conforme a sus gustos, deseos y capacidades innatas y cumplir con su destino natural. Y por último, en cuarto lugar, quién sabe si una vez instaurada la libertad, con salud, paz y bienestar, llegaremos a darnos cuenta de que el dinero es prescindible para vivir y que por lo tanto, el largo proceso evolutivo de la historia de la humanidad, haya llegado a su fin. ¡Por un derecho de amparo más justo y más humano!
J. Camps Esqueu
Fuente: cartas  http://www.lavanguardia.com

1 comentario:

  1. Las familias que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 221 durante el tercer trimestre del año, lo que supone un aumento del 23,5% respecto a igual periodo de 2010 y un descenso del 20,2% en relación al segundo trimestre del año, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística.

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