Los parados y colectivos de autónomos entre los que destacan por su número el de los transportistas han dicho basta. El próximo 25 o 27 de junio, la fecha definitiva será decidida esta semana, unos 100 parados y autónomos iniciarán una huelga de hambre colectiva, la primera de la historia de España en la que participarán alrededor de un centenar de parados y autónomos. Esta huelga de hambre coincidirá con una huelga general del transporte por carretera para pedir un cambio en la política económica del gobierno.
Las dos reivindicaciones están organizadas conjuntamente y otros colectivos podrían sumarse en los próximos días.
Emilio Botín, el mayor defraudador de España, tenía una unidad de negocio especializada en evasión de capitales y ocultamiento de patrimonios. Aprovechando la indecente amnistía fiscal decretada por el gobierno, Botín ha vendido ahora a UBP (Union Bancaire Privée) la división de Banca Delincuente con la que operaba y ocultaba el dinero de los defraudadores en Ginebra (Suiza).
LOS POLÍTICOS DENUNCIADOS
El sindicato vasco ELA y el gallego CIG han denunciado por prevaricación ante el Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a sus predecesores, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, al considerarlos responsables de la crisis económica de España.
El sindicato vasco ELA y el gallego CIG han denunciado por prevaricación ante el Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a sus predecesores, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, al considerarlos responsables de la crisis económica de España.
En la denuncia también figuran los ministros de Economía desde la época de Aznar hasta el presente -Rodrigo Rato, Pedro Solbes, Elena Salgado y Luis de Guindos-, el gobernador saliente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor al frente del organismo supervisor, Jaime Caruana.
Según ha dicho a los medios antes de presentar la denuncia el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, estas personas son responsables "por acción o por omisión" de haber consentido el control del Estado por parte del poder financiero.
Muñoz ha añadido que la concentración de capital en manos del poder financiero deriva en el "control de la política, de los medios de comunicación y en un embobamiento social fabricado para que estas cosas pasen sin que haya contestación social en las calles".
Para el líder sindical la calle es un espacio que tiene que ser "ocupado democráticamente" para intentar frenar esta situación.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Xesús Seixo, ha dicho que "hay que exigir que realmente vayan a la cárcel los culpables de la crisis económica".
En su opinión, el poder judicial utiliza una vara de medir diferente cuando se trata de delitos económicos y de exigir responsabilidades a quien ocupa cargos políticos y económicos.
Además, ha señalado que el billón de euros que se entregó a los bancos europeos no sirvió para que fluyera el crédito, por lo que demandó la creación de una banca pública para que el dinero llegue a las pequeñas y medianas empresas.
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