Yo No Soy Tonto

1.  Es mentira que el objetivo de la reforma sea crear empleo. Abaratar el despido en plena crisis disparará aún más el paro, como hace nada admitían hasta los dirigentes del PP. Lo que busca esta reforma laboral es forzar una rebaja generalizada de los salarios. Es el gran plan del Gobierno, convencido de que la única salida de la crisis pasa por una devaluación de los derechos de los trabajadores y del Estado del bienestar, ahora que ya no tenemos una peseta que devaluar.

2.  Es mentira que la indemnización por despido baje “sólo” de 45 a 33 días y que sólo cuente a partir del sábado. En realidad se rebaja a 20 días con un máximo de doce meses de indemnización: ésas son, para todos, las nuevas condiciones del despido “procedente” que ahora será el habitual.

3. Es también mentira que la reforma no tenga efectos retroactivos. Cambian las condiciones laborales de todos los empleados, los que ya tenían un trabajo y los que consigan un contrato a partir de hoy.

4. Es completamente falso que este decreto “garantice la seguridad de los trabajadores”, como pomposamente firma en su preámbulo el presidente Rajoy. La reforma legaliza el mobbing: los empresarios podrán cambiar unilateralmente el horario, las funciones e incluso el sueldo. Si no estás de acuerdo con las nuevas condiciones, el despido es procedente: 20 días por año de indemnización.

5. Pero la mayor mentira de todas es la que el PP nos contó durante la campaña electoral. “Lo que necesita España no es facilitar el despido sino fomentar la contratación”, decía Mariano Rajoy, decía Sáenz de Santamaría, decía Cristóbal Montoro, decía Javier Arenas y decía González Pons. “Un gobierno previsible que diga siempre la verdad”, nos prometieron antes de votar.

Ya tenemos al primer condenado de la Gürtel. Se llama Baltasar Garzón. El juez que destripó la mayor trama de corrupción política de la democracia pierde la toga para siempre. De propina, tendrá también que indemnizar con las costas al honesto Francisco Correa, al honrado ‘don Vito’, que debe de estar hoy brindando con lo más parecido al champán que haya podido encontrar en la cárcel de Soto del Real. El capo de la Gürtel tiene mucho que celebrar, algo incluso mejor que la venganza: la sentencia del Supremo abre una grieta por la que todo el caso se pueda ir por el desagüe del defecto de forma, igual que ya pasó hace veinte años con otras escuchas y otro escándalo de corrupción del PP: el caso Naseiro. Un aplauso para los magistrados del máximo tribunal de la justicia española que han hecho posible un dislate tan simétrico, tan simbólico, tan difícil de explicar ante la sociedad. Se lo han ganado a pulso, por unanimidad.

Cada día, los jueces españoles ordenan grabar conversaciones de sospechosos y acusados. Algunas sirven como prueba, otras se anulan por defectos de forma, otras son irrelevantes y acaban descartadas. Sólo hay un caso en la historia de España donde el magistrado que firma unas escuchas acaba juzgado. Garzón es, sin duda, un bicho raro.

Las escuchas de la Gürtel las pidió la Policía, las apoyó la Fiscalía, las ordenó Garzón y las dio por buenas el juez que siguió la investigación, Antonio Pedreira. De entre todos los policías, fiscales y magistrados que respaldaron la validez de esas escuchas, sólo una persona ha acabado en el banquillo. Garzón es el único imputado.

Cada semana, en cualquier juzgado, hay debates jurídicos sobre la competencia de un tribunal o de otro para llevar un caso. Cuando las denuncias contra el franquismo llegaron a la Audiencia Nacional, otros dos jueces de la sala que estudiaron a quién correspondía instruir apoyaron la tesis de Garzón. Si prevaricó en esta decisión, ¿no lo hicieron también quienes le respaldaron? Pues no: Garzón es el único acusado.

Cada mes, se celebran en España conferencias y cursos patrocinados por empresas donde jueces y fiscales participan cobrando por su trabajo. Sólo uno de estos cursos ha provocado que un juez español sea procesado por cohecho impropio. Garzón es, otra vez, el primer y único acusado por cobrar una de estas clases magistrales.

Se ha dicho del nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, que antes de jurar el cargo presidía una empresa de armamento. Es inexacto o, al menos, poco generoso con su completísimo perfil. Morenés –secretario de Estado de Defensa con Aznar– ha sido presidente en España de MBDA, uno de los mayores fabricantes de misiles del mundo. Y presidente de Segur Ibérica, una empresa de seguridad privada que Defensa subcontrató para proteger a los atuneros españoles. Y presidente de Kuitber, una consultora del sector de la defensa y la seguridad. Y consejero de Aritex, una empresa que diseña componentes para el nuevo avión de transporte militar europeo, el A400M. Y consejero de Instalaza, una fábrica zaragozana de bombas de racimo que, después de que España prohibiese este tipo de armamento especialmente criminal, presentó una demanda contra el Estado; Instalaza pide 40 millones de euros de indemnización “por daño emergente y lucro cesante”.

Morenés también ha sido presidente de Construcciones Navales del Norte S.L., los antiguos astilleros públicos de Sestao, que el hoy ministro conocía muy bien de antes de su privatización, de cuando fue consejero de la SEPI y director comercial de la división de Construcción Naval del INI. Y propietario único de Boguillas SL, una empresa que se dedica a la “gestión y representación de intereses” y que el año pasado facturó 361.567 euros con sólo 19.646 euros en gastos de personal, según el registro mercantil entre los últimos tres años, las ventas superan ampliamente el millón de euros. Y también dueño de I-Sec Ibérica, una “consultoría” “en el sector de la Seguridad”. Y consejero de Gamo Outdoor, un fabricante de rifles de aire comprimido; y de Ingenio 3000; y de Repasa… Y me dejo varios cargos y unas cuantas empresas más.

Por alguna razón, toda esta información no aparece en  su biografía oficial, colgada en la web de La Moncloa.

Fuente: Ignacio Escolar  http://blogs.publico.es/